Salud mental en Chile

Sebastián Ortiz Olivares, Psicólogo

Desde los años ´90 en adelante, se ha configurado en el país, la necesidad de elaborar un nuevo marco conceptual para abordar los problemas sanitarios de la población chilena. En el marco de las investigaciones y recomendaciones que sugería la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2000, -sobre las causas epidemiológicas de la enfermedad mental-, la institucionalidad chilena, ha promovido una serie de discusiones y cambios en el enfoque de la salud pública y en la creación de nuevos centros de salud, desde un sello focalizado en lo familiar y en lo comunitario.

Algunos antecedentes importantes emergen a partir de la investigación: “Social Determinants of Health” de Michael Marmont y Richard Wikinson –ambos académicos del Reino Unido-, quienes en el año 2003 evidenciaron –entre otras cosas- que aun en los país más ricos y con sistemas de salud públicos, gratuitos y universales, las personas de los estratos sociales más bajos tienes un riesgo significativamente mayor de sufrir enfermedades graves y muerte prematura si se compara con quienes pertenecen a los estratos altos.

Los cambios al sistema de salud público, se han visto reflejado en los lineamientos de la red nacional, con un cambio de foco importante en términos de la relevancia de implementar un marco que recoja las condiciones sociales que afectan a las personas, grupos y comunidades de un sector determinado; la necesidad de analizar las condiciones de pobreza, desigualdad socioeconómica, de educación, de trabajo, y de género derivados de la estructura de la sociedad contemporánea. En ese contexto, se crea en Chile durante el gobierno de Ricardo Lagos, el sistema de protección social desde un enfoque de derechos, con el objetivo de combatir la pobreza y ampliar el acceso a los servicios sociales de la población.

En el año 2005, aparece en el país, una publicación que tiene por título: “construyendo la nueva agenda social desde la mirada de los determinantes sociales de la salud”, el cual recoge una síntesis de los diálogos entre diferentes actores profesionales representantes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de Chile. El objetivo de los encuentros, fue reflexionar y discutir el marco y contenido de políticas públicas efectivas para los propósitos del desarrollo, el bienestar social, la calidad de vida de la población y la reducción de la pobreza (Fuentes, 2005).

Sin embargo, las prioridades de elaborar políticas públicas fundadas en una comprensión más sistémica de la salud, siguen siendo bastante precarias y con poca voluntad política. Las causas suelen ser muy variadas. En el caso de Chile, un elemento de conflicto, es el anclaje que tiene la salud en términos económicos, de los costos y efectividad de técnicas y tratamientos; la incidencia de políticas neoliberales sin un contrapeso muy relevante que ponga en tensión su saber, la focalización de sólo algunas enfermedades por sobre otras en el sistema de acceso universal con garantías explicitas (AUGE), la concepción de la enfermedad como algo aislable y clasificable, entre otras. La adscripción a un enfoque comunitario se ve aún menoscabado por una administración de la salud en términos de la asignación de recursos y la evaluación de resultados. Como argumenta Miranda (2011) en la práctica lo que se observa es que el enfoque comunitario queda como un aderezo en el plato de fondo de lo que conforman la economía de la salud (análisis costo-efectividad, costo-beneficio), la medicina basada en la evidencia y la concepción ontológica de la enfermedad.

Sumado a lo anterior, también es relevante mencionar que los intentos por impulsar reformas de salud desde un enfoque comunitario, se vio afectado por las condiciones que establecía el banco mundial en la década del ´80, y además, por significativas resistencias de los gremios partidistas del enfoque biomédico consagrado durante casi un siglo en la tradición científica occidental. Homedes y Ugalde (2005) relatan que para superar la crisis económica que comenzó alrededor de 1980, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigió a los gobiernos que recortaran los gastos en los sectores sociales, entre ellos el sector salud. Apoyado en el poder de sus recursos, el Banco Mundial ha promovido una reforma de la salud basada en los principios básicos de que el sector privado es más eficiente que el sector público y de que la función del Estado es regular y no proveer servicios.

En el contexto nacional y profundizando principalmente en políticas de salud mental, la última reforma importante fue elaborada en base al plan nacional de salud mental y psiquiatría en el año 2000 encabezada por Alberto Minoletti y actualmente se encuentra vigente el tercer plan de salud mental del Ministerio de Salud, a partir del año 2017 hasta el 2025, con la finalidad de responder a las enfermedades mentales de la población.